¿Qué es el estudio de viabilidad y por qué es obligatorio antes de hacer el informe?

Es un análisis previo para confirmar si hay pruebas sólidas de negligencia. Esto evita que el cliente gaste dinero en un juicio que no tiene posibilidades de ganar.
 

Explicación detallada: La ética profesional es el pilar de nuestro trabajo. Por ello, no aceptamos realizar un informe pericial completo sin antes haber llevado a cabo un estudio de viabilidad médico-legal. Este estudio es un filtro crítico. Muchas veces, un paciente llega a nuestra consulta convencido de que ha habido una negligencia porque el resultado ha sido traumático, pero tras analizar la historia clínica, descubrimos que los médicos actuaron correctamente ante una situación imprevisible. En esos casos, nuestra obligación es decirle al cliente la verdad: "Su caso no tiene viabilidad judicial".
 

Realizar un peritaje y una demanda sin viabilidad es una irresponsabilidad. Supone un gasto económico importante para el cliente en abogados, procuradores y peritos, y lo que es peor, le genera una falsa esperanza que terminará en una condena en costas (tener que pagar los abogados del hospital). El estudio de viabilidad consiste en una revisión preliminar de los documentos clave para buscar indicios de infracción de la lex artis.
 

Si en este estudio detectamos que hay una base sólida (por ejemplo, una interpretación errónea del monitor fetal que duró horas), emitimos un dictamen de viabilidad positivo. A partir de ahí, el cliente puede decidir contratar el informe pericial definitivo con la seguridad de que un experto médico va a defender su tesis con argumentos científicos potentes.
 

Este proceso también es de gran valor para los abogados. Un abogado especializado en negligencias médicas no quiere llevar un caso que va a perder. El dictamen de viabilidad le proporciona la "munición" técnica para redactar la demanda y la seguridad de que el perito no se desmoronará en el juicio. En definitiva, el estudio de viabilidad es un ejercicio de honestidad, rigor y eficiencia económica. Protege al paciente de procesos estériles y asegura que los casos que llegan al juzgado sean aquellos donde realmente se debe hacer justicia por una mala práctica médica.